Cuestionarios
Los instrumentos de captación del CNGMD 2023 se integran por siete módulos que, en su conjunto, contienen 786 preguntas, mismas que se distribuyen de la siguiente manera:
-Módulo 1. Ayuntamientos y alcaldías (se conforma de 25 preguntas).
Sección I. Ayuntamientos.
Sección II. Alcaldías.
-Módulo 2. Administración Pública del municipio o demarcación territorial (se conforma de 271 preguntas).
Sección I. Estructura organizacional, recursos y ejercicio de funciones específicas.
Sección II. Trámites y servicios.
Sección III. Programas sociales.
Sección IV. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Sección V. Control interno y anticorrupción.
Sección VI. Participación ciudadana.
Sección VII. Servicios públicos.
Sección VIII. Contrataciones públicas.
Sección IX. Administración de archivos y gestión documental.
Sección X. Tránsito y vialidad.
Sección XI. Marco regulatorio.
Sección XII. Catastro municipal y cobro predial.
Sección XIII. Planeación y gestión territorial.
Sección XIV. Alojamientos de asistencia social.
-Módulo 3. Seguridad pública (se conforma de 222 preguntas).
Sección I. Estructura organizacional y recursos.
Sección II. Ejercicio de la función de seguridad pública municipal.
-Módulo 4. Protección civil (se conforma de 77 preguntas).
Sección I. Marco normativo y programático.
Sección II. Estructura organizacional y capacidad operativa.
Sección III. Recursos humanos.
Sección IV. Recursos presupuestales.
Sección V. Capacitación y difusión.
Sección VI. Consejo o Comité de Protección Civil u homólogo.
Sección VII. Atlas de Riesgos.
Sección VIII. Fomento de la autoprotección civil.
Sección IX. Eventos atendidos.
-Módulo 5. Justicia cívica (se conforma de 81 preguntas).
Sección I. Situación operativa del ejercicio de la función de justicia cívica e implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
Sección II. Infraestructura.
Sección III. Recursos humanos.
Sección IV. Ejercicio de la función.
Sección V. Probables personas infractoras fallecidas.
-Módulo 6. Agua potable y saneamiento (se conforma de 66 preguntas).
Sección I. Servicio de agua potable de la red pública en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.
Sección II.a Captación de agua para abastecimiento público.
Sección II.b Captación de agua para abastecimiento público.
Sección III. Plantas de potabilización.
Sección IV. Administración.
Sección V. Drenaje y alcantarillado.
Sección VI. Tratamiento de aguas residuales.
Sección VII. Aguas residuales sin tratamiento.
Sección VIII. Programas orientados a la gestión sostenible del servicio de agua potable.
Sección IX. Difusión de información y opinión de usuarios en la gestión del servicio de agua y saneamiento.
-Módulo 7. Residuos sólidos urbanos (se conforma de 44 preguntas).
Sección I. Recolección.
Sección II. Tratamiento.
Sección III. Disposición final.
Sección IV. Estudios sobre la generación y composición.
Sección V. Programas y presupuesto ejercido en el servicio.
Sección VI. Participación ciudadana.
La edición 2023 del CNGMD incluye ajustes y adiciones a los contenidos que hacen parte de este programa de información. Dichos cambios resultaron de los procesos de estandarización de contenidos transversales entre los Censos Nacionales de Gobierno, de las observaciones de especialistas y operadores en las diversas materias abordadas, de las reformas y/o adecuaciones normativas en las diversas materias, así como de la identificación de necesidades de información realizada por el personal de la Dirección General Adjunta de Políticas y Censos Nacionales de Gobierno.
En el marco de estas actividades, se realizaron trabajos de revisión e interacción con instituciones focalizadas en cada uno de los temas considerados. Un ejemplo de ello fueron las reuniones de coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a partir de las cuales se delimitaron y refinaron algunos de los reactivos que hacen parte de la sección transversal en la materia, particularmente en lo correspondiente a la protección de datos personales (aviso de privacidad y medidas de seguridad), las resoluciones de los comités de transparencia, los documentos o expedientes desclasificados, así como las solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales no presentadas.
En materia de control interno y anticorrupción, se realizaron reuniones con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la Contraloría Ciudadana de Guadalajara y un grupo de especialistas en la materia. A partir de estas reuniones, se profundizó en el conocimiento de las autoridades participantes en el ejercicio de la función de control interno, el perfil de las personas titulares de los órganos internos de control, la distribución de competencias al interior de las contralorías municipales, los rubros asociados a las auditorías aplicadas, las disposiciones normativas aplicables en materia de responsabilidades administrativas, el monto asociado a las sanciones económicas impuestas, y las acciones sistemáticas alineadas a las políticas anticorrupción.
En concordancia con los ajustes realizados al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022, y a partir del análisis realizado a la Política Nacional Anticorrupción, se identificó la necesidad de comenzar a generar información de los programas sociales operados por los municipios y demarcaciones territoriales. Concretamente, el objetivo específico 6 de dicha Política promueve la implementación de esquemas que erradiquen áreas de riesgo que propician la corrupción en las interacciones que establecen los ciudadanos y empresas con el gobierno al realizar trámites y acceder a programas y servicios públicos. De manera específica, la prioridad 24, alineada a este objetivo específico, plantea la generación de un sistema único que integre información sobre las políticas sociales que incluya un catálogo nacional de programas sociales y un padrón universal de beneficiarios que aproveche la información pública existente. En consecuencia, se constituyó una sección específica en el módulo 2 con el objetivo de conocer la existencia, caracterización, conformación y población beneficiaria de los programas sociales operados por los municipios y demarcaciones territoriales. Su diseño tiene como base los documentos generados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Otra de las secciones de reciente incorporación al módulo 2 del CNGMD se relaciona con el tema de alojamientos de asistencia social, los cuales se constituyen como establecimientos que brindan albergue, refugio y otros servicios a personas que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieren de servicios especializados para su protección. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley de Asistencia Social. Este contenido es complementario a la oferta estadística del Instituto mediante el Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) 2015 y el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020.
En lo que respecta al módulo 3 sobre seguridad pública, se realizaron diversos trabajos de revisión e interacción con un grupo focal que participó en la recuperación de información de dicho módulo. A partir de esta revisión, se incluyó una sección orientada a conocer la heterogeneidad normativa y operativa en el ejercicio de esta función.
En cuanto al módulo 4 de protección civil, se dio continuidad a las reuniones de trabajo con el personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), y de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a efecto de profundizar sobre los fondos destinados a la prevención y/ o atención de emergencias y/ o desastres; el estatus de las declaraciones de emergencia y/ o desastre natural, así como la conformación y actualización de los atlas de riesgos. Adicionalmente, se tuvo un acercamiento con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio de Naucalpan de Juárez a efecto de refinar los catálogos de equipo operativo y equipamiento de protección personal. De esta forma, para la presente edición se consolidó la información de la materia en un módulo específico, generando datos especializados sobre las capacidades institucionales en el ejercicio de la función de protección civil, contribuyendo con ello a la generación de estadísticas estandarizadas y comparables para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas que derivan del Sistema Nacional de Protección Civil.
Para el módulo 5, justicia cívica, se realizó una revisión documental exhaustiva a efecto de dar cuenta de la heterogeneidad normativa y operativa en el ejercicio de la función. De esta forma, se identificó la ausencia generalizada de la figura de juzgado cívico, la multiplicidad de referentes normativos que sustentan la función, así como la existencia de esquemas poco claros en la distribución de competencias en el ejercicio de la función.
De esta manera, y en concordancia con los procesos de revisión documental, análisis normativo, estandarización de contenidos, y retroalimentación operativa y especializada externa, se realizaron cambios o adición de reactivos al CNGMD 2023, destacando los siguientes:
1. Generación de información sobre la cantidad, características, operación, disponibilidad y personas beneficiarias de los programas sociales operados por la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial.
2. Refinación de la información relacionada con las resoluciones emitidas por los comités de transparencia de las instituciones de la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial, así como los documentos o expedientes desclasificados.
3. Recopilación de información sobre las solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales que se tuvieron por no presentadas derivado de la no atención, por parte de las personas solicitantes, de algún requerimiento de información adicional solicitado por los sujetos obligados.
4. Identificación y caracterización de los elementos institucionales con los que cuentan los sujetos obligados para la protección de datos personales, como son los avisos de privacidad, documentos de seguridad y medidas de seguridad para el tratamiento de estos.
5. Identificación y caracterización de las autoridades o instituciones participantes en el ejercicio de la función de control interno de las instituciones de la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial, la distribución de competencias de las mismas, así como las instancias encargadas de la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas.
6. Reconocimiento del perfil profesional de las personas titulares de los órganos internos de control y, en específico, de las personas titulares de las unidades o áreas en materia de responsabilidades administrativas.
7. Caracterización individualizada de los órganos internos de control con los que cuenta la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial, en cuanto a su tipo de adscripción, personal adscrito y presupuesto ejercido.
8. Aplicación de auditorías a la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial, según rubro, particularizando en aquellas que fueron aplicadas a las instituciones que la integran.
9. Identificación de las disposiciones normativas en materia de responsabilidades administrativas aplicables al personal de la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial.
10. Precisión en la unidad de medida en relación con faltas administrativas cometidas, personas servidoras públicas sancionadas, y sanciones administrativas impuestas.
11. Recopilación de información sobre los montos asociados a las sanciones económicas impuestas al personal de la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial.
12. Implementación de acciones sistemáticas alineadas a la Política Nacional Anticorrupción y, de ser el caso, a la Política Estatal Anticorrupción y/ o a la Política Municipal Anticorrupción u homólogas.
13. Generación de información sobre los elementos institucionales con los que cuenta la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial en materia de entrega-recepción de los recursos públicos municipales, así como la documentación de las anomalías identificadas en este proceso respecto de la administración anterior.
14. Refinación de los contenidos sobre los espacios abiertos para la participación ciudadana en el ámbito de competencia de la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial.
15. Fortalecimiento de la información sobre los panteones públicos de cada municipio o demarcación territorial en cuanto a su ubicación geográfica, caracterización, capacidad operativa y tratamiento de los cadáveres inhumanos en fosas comunes.
16. Identificación y caracterización de los elementos institucionales con los que cuenta cada municipio o demarcación territorial para las contrataciones públicas, como son la normatividad aplicable, los sistemas electrónicos y los registros administrativos en la materia.
17. Desagregación de la información acerca del origen de los recursos de los contratos realizados por la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial.
18. Identificación y caracterización de los repositorios del archivo de concentración y del archivo histórico con los que cuenta la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial.
19. Fortalecimiento de la información sobre el diseño institucional y la distribución de competencias en materia de tránsito y vialidad al interior de la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial.
20. Respecto al tema de catastro municipal y cobro predial, se realizaron varios cambios, entre los más importantes se encuentra la eliminación de la hoja de “Datos generales”, se cambió la redacción de preguntas con el fin de hacerlas más claras, y se agregaron opciones de respuesta.
21. Respecto al tema de planeación y gestión territorial, se eliminó la pregunta 10 del cuestionario anterior, ya que en la pregunta 11 del mismo cuestionario se contaba con una columna que preguntaba la existencia de los instrumentos enlistados.
22. Existencia de establecimientos identificados como alojamientos de asistencia social que hayan sido operados por alguna de las instituciones de la Administración Pública de cada municipio o demarcación territorial, en cuanto a su tipo, composición presupuestaria, capacidad de alojamiento, personal y población usuaria.
23. Identificación y visibilización de la heterogeneidad de los diseños institucionales existentes para el ejercicio de la función de seguridad pública en los municipios del país.
24. Desagregación de la información sobre las características del personal de seguridad pública de cada municipio, así como el personal sancionado, denunciado, lesionado, fallecido, desaparecido y no localizado, según grado de organización jerárquica; esto de conformidad con lo establecido en Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
25. Caracterización del personal de seguridad pública de cada municipio sobre variables que inciden en sus condiciones laborales y desarrollo profesional (estado civil y condición de tener hijas y/ o hijos).
26. Refinación de la información relacionada con el estatus de las evaluaciones de control de confianza, de competencias básicas y de desempeño, las cuales se encontraba obligado a acreditar el personal adscrito a las corporaciones policiales de cada municipio.
27. Fortalecimiento de la información relacionada con la profesionalización del personal de seguridad pública de cada municipio, de acuerdo con los esquemas específicos previstos en el Programa Rector de Profesionalización correspondiente.
28. Recopilación de información relacionada con las protestas realizadas por el personal de seguridad pública de cada municipio en relación con las condiciones laborales en las que desempeñan sus funciones.
29. Identificación de los mecanismos con los que cuenta la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio, orientados a la prevención e identificación de actos de corrupción o abuso de autoridad por parte del personal adscrito a la misma.
30. Estandarización de los contenidos sobre régimen disciplinario del personal de seguridad pública de cada municipio, profundizando en la estructura organizacional y recursos humanos de la unidad de asuntos internos u homóloga, así como una precisión en la unidad de medida en relación con las personas servidoras públicas sancionadas, sanciones o correctivos disciplinarios impuestos y faltas o infracciones disciplinarias cometidas.
31. Generación de información sobre el personal adscrito a la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio, que haya sido lesionado por actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, y que, como consecuencia de ello, haya gozado de licencia por incapacidad temporal, parcial o total.
32. Recopilación de información acerca de la existencia y, en su caso, las características de la unidad o área de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio responsable de la prevención, atención, patrullaje e investigación de los incidentes y/ o delitos que se cometen a través de medios electrónicos o tecnológicos.
33. Generación de información sobre las unidades o áreas de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio que tengan como principal atribución el desarrollo de actividades enfocadas a algún tema especializado o específico de la función policial, en relación con su denominación, año de creación, temas atendidos y personal adscrito.
34. Recopilación de información relacionada con los bienes materiales donados a la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio.
35. Estandarización de la información asociada a las celdas preventivas de las que dispone la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio en cuanto a su capacidad instalada, servicios de iluminación, higiene, salubridad y/ o accesibilidad, así como personas detenidas.
36. Identificación y caracterización de los registros administrativos en materia de seguridad pública a partir de las directrices nacionales e internacionales para su organización, estructuración y conservación.
37. Delimitación del diseño institucional sobre el que operan los centros de atención de llamadas de emergencias y las academias o institutos de formación policial establecidos en cada municipio.
38. Fortalecimiento de la información sobre las personas cadetes egresadas del programa de formación inicial para policía preventiva, a efecto de profundizar en su rango de edad y lugar de procedencia.
39. Caracterización de las certificaciones con las que cuenta la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio en relación con la autoridad que las otorga, su vigencia y rubros evaluados.
40. Generación de información respecto de los tipos de objetos puestos a disposición por el personal adscrito a la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio.
41. Fortalecimiento de la información sobre las probables personas responsables de presuntos delitos puestas a disposición del Ministerio Público por el personal adscrito a la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio, a efecto de profundizar en su rango de edad, tipo de detención y, en su caso, modalidad del delito de homicidio cometido; esto último para atender el requerimiento del Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal (UN-CTS) de UNODC.
42. Recopilación de información acerca de las armas de fuego, municiones y objetos explosivos utilizados para la probable comisión de algún delito y/ o que son de procedencia ilícita, mismas que hayan sido resguardadas temporalmente por la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio derivado de las detenciones u operativos inherentes al ejercicio de sus funciones y/ o actividades.
43. Recopilación de información sobre las alertas AMBER de las que tuvo conocimiento la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio.
44. Generación de información respecto del monto recuperado y el monto adeudado al que ascienden las infracciones de tránsito registradas en las boletas de infracción levantadas y en las imágenes detectadas por los sistemas de foto-multa o foto-infracción.
45. Identificación de los tipos de vehículos y de animales robados y recuperados de los que tuvo conocimiento la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio.
46. Generación de información sobre las actuaciones del personal adscrito a la institución encargada de la función de seguridad pública de cada municipio dentro del Sistema de Justicia Penal, tales como la recepción de denuncias, práctica de inspecciones, ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales, participación en audiencias, desarrollo de traslados y realización de acciones relacionadas con las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso.
47. Generación de información acerca de la existencia de alguna disposición normativa propia o de la entidad federativa aplicable a cada municipio o demarcación territorial en materia de protección civil.
48. Mejoramiento de la información sobre los elementos que integran los planes y programas en materia de protección civil de cada municipio o demarcación territorial, las instituciones participantes en su elaboración, las evaluaciones realizadas a los mismos, así como la existencia de planes o programas especiales para la atención de eventos y/ o periodos festivos.
49. Recopilación de información sobre el equipo operativo con el que cuenta la unidad municipal de protección civil u homóloga de cada municipio o demarcación territorial, así como de la existencia, tipo de posesión, ubicación geográfica, horario de atención y datos de contacto de las instalaciones que la integran.
50. Recopilación de información sobre el perfil profesional del personal que ejerce sus funciones en la unidad municipal de protección civil u homóloga de cada municipio o demarcación territorial, así como de la existencia de personal voluntario que colabora en alguna de las actividades realizadas por la misma.
51. Generación de información sobre las diferentes prestaciones laborales con las que cuenta el personal que ejerce sus funciones en la unidad municipal de protección civil u homóloga de cada municipio o demarcación territorial, así como el equipo de protección personal que se les otorga.
52. Generación de información sobre el personal que ejerce sus funciones en la unidad municipal de protección civil u homóloga de cada municipio o demarcación territorial, lesionado, fallecido, desaparecido o no localizado en el desempeño de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
53. Optimización de la información sobre los instrumentos financieros con los que cuenta cada municipio o demarcación territorial para la prevención y/ o atención de emergencias y/ o desastres.
54. Refinación de los contenidos sobre el Atlas de Riesgos de cada municipio o demarcación territorial, identificando los elementos con los que cuentan y la periodicidad en la que estos se actualizan, así como el tipo de recursos utilizados para su elaboración y el tipo de instituciones que participaron en la misma.
55. Mejoramiento de la información relacionada con las declaratorias de emergencia y de desastre natural emitidas por las instancias federales y estatales competentes.
56. Identificación y visibilización de la heterogeneidad de los diseños institucionales existentes para el ejercicio de la función de justicia cívica en los municipios del país.
57. Mejoramiento de la información sobre infraestructura con la que cuentan las celdas para ejecutar arrestos de las que dispone cada municipio, así como generar información estadística respecto de las personas detenidas en las mismas; con independencia de su ubicación.
58. Generación de información sobre los centros de detención municipal que se encuentran fuera de los complejos de los juzgados cívicos de cada municipio, de tal forma que se pueda conocer su existencia, adscripción, ubicación geográfica y la infraestructura con la que cuentan.
59. Identificación y caracterización de los registros administrativos en materia de justicia cívica a partir de las directrices nacionales e internacionales para su organización, estructuración y conservación.
60. Identificación y visibilización de la heterogeneidad en la denominación y distribución de competencias de la autoridad sancionadora (en materia de justicia cívica) en los municipios del país.
61. Recopilación de información específica sobre el perfil profesional, de ser el caso, de las personas juzgadoras cívicas, así como profundizar en los cargos y/ o funciones desempeñadas que participan en el ejercicio de la función de justicia cívica, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables en la materia.
62. Generación de información respecto de los supuestos de improcedencia asociados a los procedimientos administrativos que se hayan determinado como improcedentes por la autoridad en materia de Justicia Cívica de cada municipio de manera previa a su substanciación.
63. Recopilación de información sobre las probables personas infractoras en relación con su condición de presentar lesiones, identificando si las mismas provinieron de su participación en la comisión de la presunta falta cívica o a partir de su detención y puesta a disposición.
64. Se modificó la forma en la que se indagaba sobre los costos de operación incurridos en la prestación de los servicios asociados a la gestión de los residuos sólidos urbanos; ahora, se simplifica la pregunta y se reubicó en la sección relacionada a los programas orientados a la gestión de los residuos.
Además, ya se indaga sobre los tipos de centros de acopio en función de la frecuencia de operación y según la participación del personal de la administración pública.