Red Nacional de Metadatos
La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral. Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal 2022
Mexico, 2021 - 2023
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ),
Creado el
July 17, 2024
Última modificación
July 17, 2024
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9456
Sitio Web de la operación estadística
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Información general
Identificación
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ESTADÍSTICO
MEX-INEGI.40.1200.03-RALABE-2023
Título
Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral. Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal 2022
País
| Nombre | Código del País |
|---|---|
| México | Mex |
TIPO DE ESTUDIO
Registro administrativo
ANTECEDENTES DEL PROYECTO ESTADÍSTICO
El reconocimiento y protección de los derechos de las y los trabajadores constituye un elemento indispensable en el esquema de justicia social. En esta línea de ideas, el Estado mexicano formalizó, en el artículo 123 de la Constitución de 1917, el mecanismo de cumplimiento de las garantías al trabajo. Así, la función de conciliación y arbitraje en la resolución de los conflictos laborales quedaría a cargo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
De esa manera, el mandato constitucional, estableció la integración de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de forma tripartita con representación de los trabajadores, patrones y del gobierno, identificando como atributo indispensable, la autonomía para expedir su propio reglamento interior, tener plena jurisdicción para emitir sus resoluciones y ejecutarlas, sin estar incorporadas al Poder Judicial (federal o de las entidades federativas) y con la doble función, de conciliación y jurisdicción.
Como parte de la historia del derecho laboral, en 1970, con la aprobación de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la competencia para la aplicación de las disposiciones de dicha normatividad y el funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje correría a cargo de las entidades federativas, dejando por excepción la competencia e intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje únicamente para ciertas ramas de la industria, servicios y empresas.
De forma general, el esquema de atención de las juntas de conciliación y arbitraje consistía, por una parte, en la función registral enfocada a los sindicatos, sus estatutos, a los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo; por otra parte, la función jurisdiccional estaría enfocada al despacho y resolución de los asuntos derivados de los conflictos laborales, esto mediante un proceso predominantemente oral.
Así, la tramitación de la función jurisdiccional se desarrollaba en dos fases. La primera fase, de instrucción, comprendía la presentación de la demanda; el acuerdo admisorio; el emplazamiento de la demanda; la celebración de la audiencia de conciliación; demanda y excepciones; el ofrecimiento y admisión de pruebas; la audiencia de desahogo de pruebas, hasta el cierre de instrucción. La segunda fase, resolutiva, comprendía la formulación del proyecto de laudo, la discusión y votación del proyecto, terminando con la aprobación y firma del laudo laboral que finalizaba el conflicto.
A pesar de los avances y cambios normativos en materia de justicia laboral, en 2015 se intensificaron los debates sobre el funcionamiento de la justicia laboral. En ese contexto, se designó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para elaborar propuestas y recomendaciones en materia de justicia cotidiana. Entre noviembre de 2015 y enero de 2016 se llevaron a cabo los Diálogos por la Justicia Cotidiana, espacios en los que participaron el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) junto con representantes de la sociedad civil, la academia, de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, así como de organismos autónomos y abogados litigantes. Con su participación se desarrollaron mesas de trabajo en las que se analizó el sistema de justicia mexicano en sus diversas materias.
Como parte de dicho debate, en la mesa 2, denominada justicia laboral, se detectó, entre otros, los siguientes problemas:
· el cuestionamiento de la independencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje;
· el uso inadecuado de la conciliación;
· la falsedad con la que se conducen las partes;
· el vicio en el patrocinio legal;
· el abuso de la prueba pericial y la corrupción de los peritos;
· retrasos, ineficiencia y corrupción en las notificaciones;
· inexistencia de criterios resolutores;
· normas adjetivas obsoletas, violatorias de derechos e ineficaces;
· y abuso del juicio de amparo.
Desde esa perspectiva, la consulta reveló la necesidad de valorar la situación que se desarrollaba en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, proponiendo como solución la realización de reformas legales, específicamente a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al Código Penal Federal, a la Ley de Amparo y los reglamentos internos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. No obstante, esta reforma debería tener una lógica integral, proponiendo incluso, una reforma de carácter constitucional.
Asimismo, otro de los factores para impulsar la reforma laboral se dio en 2018 en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Durante las negociaciones del Tratado se contempló la obligación de los gobiernos de estos tres Estados, de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores, mismos que se estipulan en el Capítulo 23 y Anexo 23-A de este acuerdo para lograr una transformación en materia de condiciones laborales, libertad sindical y negociación colectiva.
Dicha situación propició que el debate de las reformas constitucionales en materia de justicia laboral estuviese enfocado en generar mecanismos de atención para temas como la democracia y libertad sindical, el establecimiento de un nuevo modelo de justicia que obliga a la resolución expedita y oportuna de conflictos laborales, previamente revisados por conciliadores. Impulsando una agenda para la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales orientados a la impartición de justicia, y en paralelo, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical.
Ante ese contexto, la reforma constitucional se materializó con la modificación a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación y el Decreto por el que se modificaron diversas normativas en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, entre ellas, la Ley Federal del Trabajo, publicado el 1° de mayo de 2019. Lo anterior sentó las bases de un nuevo Sistema de Justicia Laboral, dando como resultado tres procesos de transformación institucional importantes, a saber:
1) La desaparición gradual de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (tanto a nivel federal como estatal);
2) La creación de nuevos Organismos Públicos Descentralizados para prestar el servicio público de conciliación de conflictos laborales, el registro de contratos colectivos de trabajo y sindicatos, y;
3) La creación de Tribunales especializados en materia laboral adscritos al Poder Judicial.
Para la operación de las nuevas instituciones, el quinto transitorio del decreto señaló el plazo para el inicio de las funciones de la Autoridad Conciliadora Local y los Tribunales Locales; así, en el ámbito estatal el inicio de actividades se tendría que desarrollar a más tardar el 3 de octubre de 2022, considerando para tales fines, tres etapas de operación distribuidas entre las 32 entidades federativas. Para su selección se consideró el volumen de asuntos tramitados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje Locales, así como la suficiencia presupuestal y la de designación de recursos necesarios para instrumentar el plan de infraestructura y equipo tecnológico.
Información estadística en materia de justicia laboral
Los primeros antecedentes de las estadísticas sobre relaciones laborales en México iniciaron en 1930 a partir de la integración de la información mediante Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien, se cuenta con información de huelgas a partir de 1920, y sobre conflictos de naturaleza laboral desde 1924, la generación de la información surge a la par de la reforma constitucional de 1929 al artículo 73. En dicha reforma se facultó exclusivamente al Congreso de la Unión la legislación en materia de trabajo en la cual se especificó que la aplicación de la normatividad laboral corresponde a las autoridades de las entidades federativas dentro de sus jurisdicciones en forma genérica, señalando las cuestiones de reserva para las autoridades federales.
Con el transcurso de los años se fueron ampliando los temas considerados en las estadísticas, de manera que no solo se debía de observar la cantidad de eventos, sino se requería saber qué propiciaba los conflictos laborales de naturaleza individual y colectiva; cuáles eran los mecanismos implementados para resolver los mismos; en qué actividad económica se desarrollaban dichos eventos, y el lugar en donde se suscitaban esos conflictos. Todo esto con el objetivo de tener una mayor cobertura y precisión temática. Esta evolución se detalla a continuación:
· En 1920 se inició con la información de huelgas estalladas y huelgas solucionadas.
· Desde 1924 y hasta 1990 se captó la estadística de conflictos de trabajo.
· En 1935 se inició la captación de los conflictos de trabajo solucionados.
· En 1938 los emplazamientos a huelga se separaron de las huelgas y se agregan a los conflictos de trabajo.
· A partir de 1964 se publicaron los emplazamientos a huelga de manera independiente a los conflictos de trabajo por la naturaleza en su tramitación.
· Desde 1964 y hasta 1990 se amplió la cobertura de los convenios que correspondía a los celebrados dentro y fuera de juicio.
· En 1991 se establece una nueva metodología en la captación de la información vinculada a las relaciones de trabajo, mediante un proyecto estadístico a cargo del INEGI, separando la medición de los conflictos de trabajo en individuales y colectivos sin emplazamiento a huelga, acotándose el universo de los convenios de trabajo solo a los acuerdos celebrados fuera de juicio, así como el inicio en la captación de la solución de los emplazamientos a huelga.
Por lo tanto, desde 1991 el INEGI consolidó la generación de información estadística sobre los conflictos de trabajo de naturaleza individual o colectiva derivados de la negociación laboral y de los sujetos que participan en estos hechos mediante el proyecto estadístico denominado, “Estadísticas sobre las Relaciones Laborales” (ERL). Dichas estadísticas provienen de los registros administrativos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de jurisdicción local. Estas son el resultado del recuento de los hechos derivados de las interrelaciones y formas de colaboración que se dan dentro del marco de la negociación laboral entre trabajadores y empleadores (patrón) al momento de la determinación de las condiciones para la prestación de la actividad laboral, así como durante la modificación o terminación de la relación laboral, la cual puede ser individual o colectiva, según se establezca entre un trabajador y un empleador o entre uno o más grupos de trabajadores constituidos en algún tipo de asociación laboral y uno o varios empleadores.
Este programa estadístico del INEGI constituye un eje para cuantificar el comportamiento del fenómeno laboral en el país debido a que su construcción parte de la generación de estadísticas básicas que permiten dimensionar el impacto de los conflictos laborales, los sujetos de las relaciones laborales, y las repercusiones que estos eventos tienen en los aspectos sociales y económicos del país. Sin embargo, atendiendo a la nueva realidad y obligaciones que contrajo el Estado mexicano con la reforma constitucional en materia laboral de 2019, los programas estadísticos deben transformarse para atender las nuevas necesidades de información que permitan monitorear la implementación y operación del nuevo sistema de justicia laboral. En consecuencia, el INEGI, en el ámbito de sus atribuciones, comenzó con el diseño e implementación de un esquema de generación de información estadística orientado específicamente a recabar información estadística y geográfica sobre el desempeño de los Tribunales Laborales.
Como contexto, las primeras reacciones para generar información estadística de los Tribunales Laborales se originaron en la Primera Reunión Ordinaria de 2019 del Comité Técnico Especializado de Información de Impartición de Justicia (CTEI-IJ), celebrada el 03 de mayo de 2019. Durante la sesión, el entonces Presidente de la CONATRIB, señaló necesaria la participación del INEGI en la coordinación de los trabajos para la generación de información estadística derivada de la implementación de la reforma en materia laboral, así como la necesidad de plantear un nuevo programa de información derivado de los registros de los tribunales que atiendan la materia laboral.
En consecuencia, el INEGI, desarrolló un diagnóstico sobre la implementación y operación de los órganos jurisdiccionales en materia laboral adscritos al Poder Judicial de las entidades federativas, con el objetivo de contar con información sobre el panorama de implementación y los elementos de gestión proyectados por los Poderes Judiciales Estatales en cumplimiento de la reforma. Este instrumento de apoyo fue la base en el desarrollo de las líneas conceptuales y operativas del RALABE, el cual tuvo su levantamiento en el marco de las actividades estadísticas del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021.
A partir de los trabajos derivados del CTEI-IJ y el inicio de operaciones de los Tribunales Laborales vinculados a la primera etapa de implementación de la reforma, durante 2021, el INEGI emprendió junto con los Tribunales el diseño de un esquema de captación orientado a recabar la información estadística derivada de los expedientes en materia laboral. Asimismo, mediante reuniones de trabajo con la Dirección General Adjunta de Registros Administrativos Sociodemográficos (DGARAS), adscrita a la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, se buscó que el proyecto guardara congruencia e interoperabilidad con la serie estadística de conflictos laborales que recababa el Instituto respecto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje desde 1991.
El objetivo que se estableció para el nuevo esquema de captación fue comenzar a crear una línea base que permitiera medir la implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Laboral. Dicha propuesta fue compartida con las y los operadores del sistema y posteriormente retroalimentada con el personal de los Tribunales Laborales de la primera etapa de implementación de la reforma. La consulta tuvo el propósito de dar a conocer la estructura del instrumento de captación, las necesidades de información y las estrategias operativas vinculadas al proyecto.
Como resultado, se logró sensibilizar al personal de la importancia de generar información estadística en la materia y se detectaron áreas de oportunidad a la propuesta original del proyecto. Este ejercicio dio como resultado la conformación de la primera estructura homologada de datos para la captación de la información estadística conocida como Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal, versión 1.1 (RALABE 1.1).
Los esquemas utilizados para la captación de la información estadística fueron dos. Por un lado, se estructuró un instrumento de captación en formato Excel para aquellos Tribunales que no contaban con un sistema de gestión o de información estadística. Mientras que, para los Tribunales que contaron con un sistema de gestión o información se implementó el esquema de envío de la información mediante plantillas de bases de datos. En tal sentido, los Tribunales Laborales contaron con la opción de elegir el mecanismo que les resultara operativamente más viable, según sus capacidades presupuestales, institucionales y estadísticas.
Una vez realizada la primera entrega de información, correspondiente al último bimestre del ejercicio 2020 y primer trimestre del 2021, se llevó a cabo un análisis integral de los resultados para identificar ajustes a la estructura del RALABE 1.1. De esta forma, en septiembre de 2021, el INEGI puso a consideración de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales (TSJE) la estructura de datos del registro administrativo de justicia laboral estatal para su consulta y retroalimentación. Dicho ejercicio fue efectuado en coordinación con la Secretaría Técnica de la CONATRIB mediante el oficio 100.SIGSPIJ/053/2021 de fecha 17 de septiembre de 2021.
Con base en los comentarios recibidos, el INEGI procedió a realizar los ajustes necesarios y vincular el proyecto con las necesidades de información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con ello, el RALABE se modificó para atender de forma más específica requerimientos estadísticos, tanto nacionales como internacionales.
Al cierre de 2021, se concluyeron los trabajos de diseño del instrumento de captación, consolidando el RALABE en su versión 2.2. Con esta nueva versión, se comenzó el levantamiento y generación de información estadística en materia de justicia laboral para el ejercicio 2022, en el cual se incluyeron a 11 entidades federativas vinculadas a la segunda etapa de implementación de la reforma, los cuales iniciaron su operación el 03 de noviembre de 2021. Los principales cambios entre el RALABE 1.1. y el RALABE 2.2 se describen a continuación:
· Información de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, por sexo y tipo de asunto que atienden;
· Información de la ubicación de los órganos jurisdiccionales mediante coordenadas geográficas;
· Información sobre el estatus de la demanda y circunstancias que concurren para su inadmisión;
· Información detallada sobre las audiencias celebradas, indicando su tipo de acuerdo con el procedimiento, así como su duración;
· Información sobre el último acto procesal del expediente por tipo de procedimiento;
· Información desglosada de las partes registradas en el juicio laboral (actor y demandado) por tipo de procedimiento, así como la incorporación de variables vinculadas al domicilio de la unidad económica del patrón (persona moral).
En ese sentido, para contextualizar a las y los nuevos informantes de los Tribunales Laborales que participaron en la segunda etapa de implementación, en febrero de 2022, el INEGI realizó una serie de capacitaciones al personal de cada entidad federativa para dar a conocer el contexto normativo (internacional, regional y nacional), las necesidades de información, y el esquema operativo del RALABE.
De manera complementaria, durante el tercer trimestre de 2022, se llevaron a cabo dieciocho sesiones de retroalimentación con cada tribunal de la primera y segunda etapa de implementación. El objetivo de estas sesiones fue conocer los retos técnicos y operativos presentados por los TSJE en la adopción del RALABE 2.2. Particularmente, la consulta exploró temas como: la completitud de entrega de información; las capacidades tecnológicas, operativas, humanas y de gestión; así como el proceso de generación y entrega de información. La utilidad de esta retroalimentación permitió emprender mejoras en el proceso de recuperación de información y garantizar su calidad y completitud.
Adicionalmente, se realizaron nuevas acciones de capacitación a las entidades que conformaron el grupo de la tercera etapa de implementación, las cuales iniciarían su operación a partir del 03 octubre de 2022. En total, al cierre de septiembre de 2022, el INEGI capacitó de manera virtual a 289 servidoras y servidores públicos en la generación de estadísticas sobre justicia laboral.
De esa manera, el mandato constitucional, estableció la integración de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de forma tripartita con representación de los trabajadores, patrones y del gobierno, identificando como atributo indispensable, la autonomía para expedir su propio reglamento interior, tener plena jurisdicción para emitir sus resoluciones y ejecutarlas, sin estar incorporadas al Poder Judicial (federal o de las entidades federativas) y con la doble función, de conciliación y jurisdicción.
Como parte de la historia del derecho laboral, en 1970, con la aprobación de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la competencia para la aplicación de las disposiciones de dicha normatividad y el funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje correría a cargo de las entidades federativas, dejando por excepción la competencia e intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje únicamente para ciertas ramas de la industria, servicios y empresas.
De forma general, el esquema de atención de las juntas de conciliación y arbitraje consistía, por una parte, en la función registral enfocada a los sindicatos, sus estatutos, a los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo; por otra parte, la función jurisdiccional estaría enfocada al despacho y resolución de los asuntos derivados de los conflictos laborales, esto mediante un proceso predominantemente oral.
Así, la tramitación de la función jurisdiccional se desarrollaba en dos fases. La primera fase, de instrucción, comprendía la presentación de la demanda; el acuerdo admisorio; el emplazamiento de la demanda; la celebración de la audiencia de conciliación; demanda y excepciones; el ofrecimiento y admisión de pruebas; la audiencia de desahogo de pruebas, hasta el cierre de instrucción. La segunda fase, resolutiva, comprendía la formulación del proyecto de laudo, la discusión y votación del proyecto, terminando con la aprobación y firma del laudo laboral que finalizaba el conflicto.
A pesar de los avances y cambios normativos en materia de justicia laboral, en 2015 se intensificaron los debates sobre el funcionamiento de la justicia laboral. En ese contexto, se designó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para elaborar propuestas y recomendaciones en materia de justicia cotidiana. Entre noviembre de 2015 y enero de 2016 se llevaron a cabo los Diálogos por la Justicia Cotidiana, espacios en los que participaron el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) junto con representantes de la sociedad civil, la academia, de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, así como de organismos autónomos y abogados litigantes. Con su participación se desarrollaron mesas de trabajo en las que se analizó el sistema de justicia mexicano en sus diversas materias.
Como parte de dicho debate, en la mesa 2, denominada justicia laboral, se detectó, entre otros, los siguientes problemas:
· el cuestionamiento de la independencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje;
· el uso inadecuado de la conciliación;
· la falsedad con la que se conducen las partes;
· el vicio en el patrocinio legal;
· el abuso de la prueba pericial y la corrupción de los peritos;
· retrasos, ineficiencia y corrupción en las notificaciones;
· inexistencia de criterios resolutores;
· normas adjetivas obsoletas, violatorias de derechos e ineficaces;
· y abuso del juicio de amparo.
Desde esa perspectiva, la consulta reveló la necesidad de valorar la situación que se desarrollaba en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, proponiendo como solución la realización de reformas legales, específicamente a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al Código Penal Federal, a la Ley de Amparo y los reglamentos internos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. No obstante, esta reforma debería tener una lógica integral, proponiendo incluso, una reforma de carácter constitucional.
Asimismo, otro de los factores para impulsar la reforma laboral se dio en 2018 en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Durante las negociaciones del Tratado se contempló la obligación de los gobiernos de estos tres Estados, de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores, mismos que se estipulan en el Capítulo 23 y Anexo 23-A de este acuerdo para lograr una transformación en materia de condiciones laborales, libertad sindical y negociación colectiva.
Dicha situación propició que el debate de las reformas constitucionales en materia de justicia laboral estuviese enfocado en generar mecanismos de atención para temas como la democracia y libertad sindical, el establecimiento de un nuevo modelo de justicia que obliga a la resolución expedita y oportuna de conflictos laborales, previamente revisados por conciliadores. Impulsando una agenda para la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales orientados a la impartición de justicia, y en paralelo, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical.
Ante ese contexto, la reforma constitucional se materializó con la modificación a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación y el Decreto por el que se modificaron diversas normativas en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, entre ellas, la Ley Federal del Trabajo, publicado el 1° de mayo de 2019. Lo anterior sentó las bases de un nuevo Sistema de Justicia Laboral, dando como resultado tres procesos de transformación institucional importantes, a saber:
1) La desaparición gradual de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (tanto a nivel federal como estatal);
2) La creación de nuevos Organismos Públicos Descentralizados para prestar el servicio público de conciliación de conflictos laborales, el registro de contratos colectivos de trabajo y sindicatos, y;
3) La creación de Tribunales especializados en materia laboral adscritos al Poder Judicial.
Para la operación de las nuevas instituciones, el quinto transitorio del decreto señaló el plazo para el inicio de las funciones de la Autoridad Conciliadora Local y los Tribunales Locales; así, en el ámbito estatal el inicio de actividades se tendría que desarrollar a más tardar el 3 de octubre de 2022, considerando para tales fines, tres etapas de operación distribuidas entre las 32 entidades federativas. Para su selección se consideró el volumen de asuntos tramitados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje Locales, así como la suficiencia presupuestal y la de designación de recursos necesarios para instrumentar el plan de infraestructura y equipo tecnológico.
Información estadística en materia de justicia laboral
Los primeros antecedentes de las estadísticas sobre relaciones laborales en México iniciaron en 1930 a partir de la integración de la información mediante Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien, se cuenta con información de huelgas a partir de 1920, y sobre conflictos de naturaleza laboral desde 1924, la generación de la información surge a la par de la reforma constitucional de 1929 al artículo 73. En dicha reforma se facultó exclusivamente al Congreso de la Unión la legislación en materia de trabajo en la cual se especificó que la aplicación de la normatividad laboral corresponde a las autoridades de las entidades federativas dentro de sus jurisdicciones en forma genérica, señalando las cuestiones de reserva para las autoridades federales.
Con el transcurso de los años se fueron ampliando los temas considerados en las estadísticas, de manera que no solo se debía de observar la cantidad de eventos, sino se requería saber qué propiciaba los conflictos laborales de naturaleza individual y colectiva; cuáles eran los mecanismos implementados para resolver los mismos; en qué actividad económica se desarrollaban dichos eventos, y el lugar en donde se suscitaban esos conflictos. Todo esto con el objetivo de tener una mayor cobertura y precisión temática. Esta evolución se detalla a continuación:
· En 1920 se inició con la información de huelgas estalladas y huelgas solucionadas.
· Desde 1924 y hasta 1990 se captó la estadística de conflictos de trabajo.
· En 1935 se inició la captación de los conflictos de trabajo solucionados.
· En 1938 los emplazamientos a huelga se separaron de las huelgas y se agregan a los conflictos de trabajo.
· A partir de 1964 se publicaron los emplazamientos a huelga de manera independiente a los conflictos de trabajo por la naturaleza en su tramitación.
· Desde 1964 y hasta 1990 se amplió la cobertura de los convenios que correspondía a los celebrados dentro y fuera de juicio.
· En 1991 se establece una nueva metodología en la captación de la información vinculada a las relaciones de trabajo, mediante un proyecto estadístico a cargo del INEGI, separando la medición de los conflictos de trabajo en individuales y colectivos sin emplazamiento a huelga, acotándose el universo de los convenios de trabajo solo a los acuerdos celebrados fuera de juicio, así como el inicio en la captación de la solución de los emplazamientos a huelga.
Por lo tanto, desde 1991 el INEGI consolidó la generación de información estadística sobre los conflictos de trabajo de naturaleza individual o colectiva derivados de la negociación laboral y de los sujetos que participan en estos hechos mediante el proyecto estadístico denominado, “Estadísticas sobre las Relaciones Laborales” (ERL). Dichas estadísticas provienen de los registros administrativos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de jurisdicción local. Estas son el resultado del recuento de los hechos derivados de las interrelaciones y formas de colaboración que se dan dentro del marco de la negociación laboral entre trabajadores y empleadores (patrón) al momento de la determinación de las condiciones para la prestación de la actividad laboral, así como durante la modificación o terminación de la relación laboral, la cual puede ser individual o colectiva, según se establezca entre un trabajador y un empleador o entre uno o más grupos de trabajadores constituidos en algún tipo de asociación laboral y uno o varios empleadores.
Este programa estadístico del INEGI constituye un eje para cuantificar el comportamiento del fenómeno laboral en el país debido a que su construcción parte de la generación de estadísticas básicas que permiten dimensionar el impacto de los conflictos laborales, los sujetos de las relaciones laborales, y las repercusiones que estos eventos tienen en los aspectos sociales y económicos del país. Sin embargo, atendiendo a la nueva realidad y obligaciones que contrajo el Estado mexicano con la reforma constitucional en materia laboral de 2019, los programas estadísticos deben transformarse para atender las nuevas necesidades de información que permitan monitorear la implementación y operación del nuevo sistema de justicia laboral. En consecuencia, el INEGI, en el ámbito de sus atribuciones, comenzó con el diseño e implementación de un esquema de generación de información estadística orientado específicamente a recabar información estadística y geográfica sobre el desempeño de los Tribunales Laborales.
Como contexto, las primeras reacciones para generar información estadística de los Tribunales Laborales se originaron en la Primera Reunión Ordinaria de 2019 del Comité Técnico Especializado de Información de Impartición de Justicia (CTEI-IJ), celebrada el 03 de mayo de 2019. Durante la sesión, el entonces Presidente de la CONATRIB, señaló necesaria la participación del INEGI en la coordinación de los trabajos para la generación de información estadística derivada de la implementación de la reforma en materia laboral, así como la necesidad de plantear un nuevo programa de información derivado de los registros de los tribunales que atiendan la materia laboral.
En consecuencia, el INEGI, desarrolló un diagnóstico sobre la implementación y operación de los órganos jurisdiccionales en materia laboral adscritos al Poder Judicial de las entidades federativas, con el objetivo de contar con información sobre el panorama de implementación y los elementos de gestión proyectados por los Poderes Judiciales Estatales en cumplimiento de la reforma. Este instrumento de apoyo fue la base en el desarrollo de las líneas conceptuales y operativas del RALABE, el cual tuvo su levantamiento en el marco de las actividades estadísticas del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021.
A partir de los trabajos derivados del CTEI-IJ y el inicio de operaciones de los Tribunales Laborales vinculados a la primera etapa de implementación de la reforma, durante 2021, el INEGI emprendió junto con los Tribunales el diseño de un esquema de captación orientado a recabar la información estadística derivada de los expedientes en materia laboral. Asimismo, mediante reuniones de trabajo con la Dirección General Adjunta de Registros Administrativos Sociodemográficos (DGARAS), adscrita a la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, se buscó que el proyecto guardara congruencia e interoperabilidad con la serie estadística de conflictos laborales que recababa el Instituto respecto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje desde 1991.
El objetivo que se estableció para el nuevo esquema de captación fue comenzar a crear una línea base que permitiera medir la implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Laboral. Dicha propuesta fue compartida con las y los operadores del sistema y posteriormente retroalimentada con el personal de los Tribunales Laborales de la primera etapa de implementación de la reforma. La consulta tuvo el propósito de dar a conocer la estructura del instrumento de captación, las necesidades de información y las estrategias operativas vinculadas al proyecto.
Como resultado, se logró sensibilizar al personal de la importancia de generar información estadística en la materia y se detectaron áreas de oportunidad a la propuesta original del proyecto. Este ejercicio dio como resultado la conformación de la primera estructura homologada de datos para la captación de la información estadística conocida como Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal, versión 1.1 (RALABE 1.1).
Los esquemas utilizados para la captación de la información estadística fueron dos. Por un lado, se estructuró un instrumento de captación en formato Excel para aquellos Tribunales que no contaban con un sistema de gestión o de información estadística. Mientras que, para los Tribunales que contaron con un sistema de gestión o información se implementó el esquema de envío de la información mediante plantillas de bases de datos. En tal sentido, los Tribunales Laborales contaron con la opción de elegir el mecanismo que les resultara operativamente más viable, según sus capacidades presupuestales, institucionales y estadísticas.
Una vez realizada la primera entrega de información, correspondiente al último bimestre del ejercicio 2020 y primer trimestre del 2021, se llevó a cabo un análisis integral de los resultados para identificar ajustes a la estructura del RALABE 1.1. De esta forma, en septiembre de 2021, el INEGI puso a consideración de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales (TSJE) la estructura de datos del registro administrativo de justicia laboral estatal para su consulta y retroalimentación. Dicho ejercicio fue efectuado en coordinación con la Secretaría Técnica de la CONATRIB mediante el oficio 100.SIGSPIJ/053/2021 de fecha 17 de septiembre de 2021.
Con base en los comentarios recibidos, el INEGI procedió a realizar los ajustes necesarios y vincular el proyecto con las necesidades de información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con ello, el RALABE se modificó para atender de forma más específica requerimientos estadísticos, tanto nacionales como internacionales.
Al cierre de 2021, se concluyeron los trabajos de diseño del instrumento de captación, consolidando el RALABE en su versión 2.2. Con esta nueva versión, se comenzó el levantamiento y generación de información estadística en materia de justicia laboral para el ejercicio 2022, en el cual se incluyeron a 11 entidades federativas vinculadas a la segunda etapa de implementación de la reforma, los cuales iniciaron su operación el 03 de noviembre de 2021. Los principales cambios entre el RALABE 1.1. y el RALABE 2.2 se describen a continuación:
· Información de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, por sexo y tipo de asunto que atienden;
· Información de la ubicación de los órganos jurisdiccionales mediante coordenadas geográficas;
· Información sobre el estatus de la demanda y circunstancias que concurren para su inadmisión;
· Información detallada sobre las audiencias celebradas, indicando su tipo de acuerdo con el procedimiento, así como su duración;
· Información sobre el último acto procesal del expediente por tipo de procedimiento;
· Información desglosada de las partes registradas en el juicio laboral (actor y demandado) por tipo de procedimiento, así como la incorporación de variables vinculadas al domicilio de la unidad económica del patrón (persona moral).
En ese sentido, para contextualizar a las y los nuevos informantes de los Tribunales Laborales que participaron en la segunda etapa de implementación, en febrero de 2022, el INEGI realizó una serie de capacitaciones al personal de cada entidad federativa para dar a conocer el contexto normativo (internacional, regional y nacional), las necesidades de información, y el esquema operativo del RALABE.
De manera complementaria, durante el tercer trimestre de 2022, se llevaron a cabo dieciocho sesiones de retroalimentación con cada tribunal de la primera y segunda etapa de implementación. El objetivo de estas sesiones fue conocer los retos técnicos y operativos presentados por los TSJE en la adopción del RALABE 2.2. Particularmente, la consulta exploró temas como: la completitud de entrega de información; las capacidades tecnológicas, operativas, humanas y de gestión; así como el proceso de generación y entrega de información. La utilidad de esta retroalimentación permitió emprender mejoras en el proceso de recuperación de información y garantizar su calidad y completitud.
Adicionalmente, se realizaron nuevas acciones de capacitación a las entidades que conformaron el grupo de la tercera etapa de implementación, las cuales iniciarían su operación a partir del 03 octubre de 2022. En total, al cierre de septiembre de 2022, el INEGI capacitó de manera virtual a 289 servidoras y servidores públicos en la generación de estadísticas sobre justicia laboral.
RESUMEN
El Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales en materia de justicia laboral, específicamente de los Tribunales Laborales de las entidades federativas respecto a la aplicación e impartición de justicia, con la finalidad de vincular los datos con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el tema referido.
El RALABE presenta datos e información sobre:
1. La identificación e integración de cada órgano jurisdiccional en materia de justicia laboral, así como la cantidad de expedientes atendidos por tipo de procedimiento, sea mediante el procedimiento ordinario, procedimiento especial individual, procedimiento especial colectivo, procedimiento de huelga, procedimiento colectivo de naturaleza económica, procedimiento paraprocesal, procedimiento de tercerías, procedimiento preferencia de créditos y el procedimiento de ejecución.
2. Los expedientes ingresados, en trámite y concluidos en los órganos jurisdiccionales en materia de justicia laboral por tipo de procedimiento, sea mediante el procedimiento ordinario, procedimiento especial individual, procedimiento especial colectivo, procedimiento de huelga, procedimiento colectivo de naturaleza económica, procedimiento paraprocesal, procedimiento de tercerías, procedimiento preferencia de créditos y el procedimiento de ejecución.
3. Los expedientes radicados en los órganos jurisdiccionales en materia de justicia laboral según tipo de procedimiento, identificando datos generales del expediente, de la demanda o promoción, de las partes registradas y de los datos procesales.
4. Los actores o promoventes y de los demandados registrados en los expedientes radicados en los órganos jurisdiccionales según tipo de procedimiento, sea mediante el procedimiento ordinario, procedimiento especial individual, procedimiento especial colectivo, procedimiento de huelga y el procedimiento colectivo de naturaleza económica.
5. Las audiencias celebradas y su duración en la tramitación de cada expediente radicado en los órganos jurisdiccionales en materia de justicia laboral según tipo de procedimiento, sea mediante el procedimiento ordinario, procedimiento especial individual, procedimiento especial colectivo, procedimiento de huelga, procedimiento colectivo de naturaleza económica, procedimiento paraprocesal, procedimiento de tercerías, procedimiento preferencia de créditos y el procedimiento de ejecución.
El RALABE presenta datos e información sobre:
1. La identificación e integración de cada órgano jurisdiccional en materia de justicia laboral, así como la cantidad de expedientes atendidos por tipo de procedimiento, sea mediante el procedimiento ordinario, procedimiento especial individual, procedimiento especial colectivo, procedimiento de huelga, procedimiento colectivo de naturaleza económica, procedimiento paraprocesal, procedimiento de tercerías, procedimiento preferencia de créditos y el procedimiento de ejecución.
2. Los expedientes ingresados, en trámite y concluidos en los órganos jurisdiccionales en materia de justicia laboral por tipo de procedimiento, sea mediante el procedimiento ordinario, procedimiento especial individual, procedimiento especial colectivo, procedimiento de huelga, procedimiento colectivo de naturaleza económica, procedimiento paraprocesal, procedimiento de tercerías, procedimiento preferencia de créditos y el procedimiento de ejecución.
3. Los expedientes radicados en los órganos jurisdiccionales en materia de justicia laboral según tipo de procedimiento, identificando datos generales del expediente, de la demanda o promoción, de las partes registradas y de los datos procesales.
4. Los actores o promoventes y de los demandados registrados en los expedientes radicados en los órganos jurisdiccionales según tipo de procedimiento, sea mediante el procedimiento ordinario, procedimiento especial individual, procedimiento especial colectivo, procedimiento de huelga y el procedimiento colectivo de naturaleza económica.
5. Las audiencias celebradas y su duración en la tramitación de cada expediente radicado en los órganos jurisdiccionales en materia de justicia laboral según tipo de procedimiento, sea mediante el procedimiento ordinario, procedimiento especial individual, procedimiento especial colectivo, procedimiento de huelga, procedimiento colectivo de naturaleza económica, procedimiento paraprocesal, procedimiento de tercerías, procedimiento preferencia de créditos y el procedimiento de ejecución.
TIPO DE DATO
Registro administrativo
UNIDAD DE ANÁLISIS
Expedientes jurisdiccionales derivados de un conflicto de naturaleza laboral.
Cobertura temática
NOTAS
Impartición de justicia
CLASIFICACIÓN POR SUBTEMAS
| Tema |
|---|
| Órgano jurisdiccional |
| Audiencias |
| Expedientes tramitados en procedimiento ordinario |
| Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento ordinario |
| Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento ordinario |
| Expedientes tramitados en procedimiento especial individual |
| Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial individual |
| Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial individual |
| Expedientes tramitados en procedimiento especial colectivo |
| Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial colectivo |
| Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial colectivo |
| Expedientes tramitados en procedimiento de huelga |
| Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento de huelga |
| Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento de huelga |
| Expedientes tramitados en procedimiento colectivo de naturaleza económica |
| Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento colectivo de naturaleza económica |
| Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento colectivo de naturaleza económica |
| Expedientes tramitados en procedimiento paraprocesal o voluntario |
| Expedientes tramitados en procedimiento de tercerías |
| Expedientes tramitados en procedimiento de preferencia de créditos |
| Expedientes tramitados en procedimiento de ejecución |
Palabras Claves
| Palabra Clave |
|---|
| Órgano jurisdiccional |
| Audiencias |
| Expedientes |
| Procedimiento ordinario |
| Procedimiento especial individual |
| Procedimiento especial colectivo |
| Procedimiento de huelga |
| Procedimiento colectivo de naturaleza económica |
| Procedimiento paraprocesal |
| Procedimiento de tercerías |
| Procedimiento de preferencia de créditos |
| Procedimiento de ejecución |
| Demandados |
| Actores involucrados |
Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
Nacional.
Productores y Auspiciadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
| Nombre |
|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) |
| Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ) |
FINANCIAMIENTO
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
Recolección de Datos
Periodo de ejecución del proyecto estadístico
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2021-01 | 2021-12 | Diseño |
| 2021-01 | 2021-12 | Construcción |
| 2022-01 | 2022-12 | Captación |
| 2022-12 | 2023-04 | Procesamiento |
| 2023-05 | 2023-06 | Análisis de la producción |
| 2023-05 | 2023-06 | Difusión |
Periodo de referencia
| Inicio | Fin |
|---|---|
| 2020-11-01 | 2022-12-31 |
Modo de recolección de datos
Registro administrativo
Notas sobre la recolección de datos
Las actividades de captación del RALABE responden a un esquema de captación continuo con base en la temporalidad acordada con cada TSJE en tanto se consolida este programa de información y se homologan las capacidades de integración en las entidades federativas. Por lo anterior, el esquema de captación descrito a continuación corresponde a cada una de las entregas que los TSJE hacen continuamente al INEGI.
Los TSJE encargados de compilar la información de los juzgados o tribunales laborales pueden optar por dos esquemas de recuperación de información: Estructura de Datos en hoja de cálculo de Excel (ED), o Base de datos (BD) en formato csv. El esquema de entrega de información dependerá de las capacidades de generación de información estadística de cada TSJE. El primero supone la no existencia de sistema informático o registro administrativo propio que contenga todas las variables solicitadas (ED). La segunda modalidad (BD) parte de la existencia de un desarrollo informático propio que contiene el registro de todas, o la mayoría, las variables requeridas por el INEGI.
No obstante, la modalidad de entrega de información adoptada por cada TSJE, el proceso de captación es semejante para ambas. Inicia con la integración de información por parte del personal de cada tribunal o juzgado laboral y se remite al INEGI en los formatos convenidos (.xls / .csv) mediante los canales institucionales establecidos de entrega - recepción de información.
Es importante subrayar que ninguno de los dos esquemas de recolección de información constituye una aplicación informática del INEGI, sino que son instrumentos de captación que permiten aprovechar estadísticamente la información en materia laboral de los TSJE. Estos instrumentos (ED y BD) hacen posible captar información homologada de los expedientes laborales, lo que promueve la generación de información estandarizada, comparable y aprovechable por todos los usuarios, además de atender las necesidades de información. De esta manera, también se asegura la atención de criterios mínimos de calidad de la información estadística, así como la comparabilidad entre los diferentes TSJE en la materia.
Al ser un esquema de levantamiento continuo, cuando se cuenta con la liberación de las bases de información por parte de oficinas centrales, se termina la fase de captación de la entrega correspondiente (mensual, bimestral, trimestral, etc.) con base en el acuerdo que se tenga con cada TSJE. El término de cada entrega implica el inicio del siguiente flujo de información, ya que la información entregada con anterioridad es la base para incorporar los nuevos registros o la actualización de los ya existentes con base en el proceso de impartición de justicia en materia laboral.
La información definitiva de cada entrega se almacena en la base de datos de central y consolidada del INEGI, que se actualiza con cada entrega subsecuente. Esta base de datos es la fuente primaria de información para la generación de los productos y publicación de resultados del programa, a partir del corte establecido para la temporalidad de los productos de difusión.
Los TSJE encargados de compilar la información de los juzgados o tribunales laborales pueden optar por dos esquemas de recuperación de información: Estructura de Datos en hoja de cálculo de Excel (ED), o Base de datos (BD) en formato csv. El esquema de entrega de información dependerá de las capacidades de generación de información estadística de cada TSJE. El primero supone la no existencia de sistema informático o registro administrativo propio que contenga todas las variables solicitadas (ED). La segunda modalidad (BD) parte de la existencia de un desarrollo informático propio que contiene el registro de todas, o la mayoría, las variables requeridas por el INEGI.
No obstante, la modalidad de entrega de información adoptada por cada TSJE, el proceso de captación es semejante para ambas. Inicia con la integración de información por parte del personal de cada tribunal o juzgado laboral y se remite al INEGI en los formatos convenidos (.xls / .csv) mediante los canales institucionales establecidos de entrega - recepción de información.
Es importante subrayar que ninguno de los dos esquemas de recolección de información constituye una aplicación informática del INEGI, sino que son instrumentos de captación que permiten aprovechar estadísticamente la información en materia laboral de los TSJE. Estos instrumentos (ED y BD) hacen posible captar información homologada de los expedientes laborales, lo que promueve la generación de información estandarizada, comparable y aprovechable por todos los usuarios, además de atender las necesidades de información. De esta manera, también se asegura la atención de criterios mínimos de calidad de la información estadística, así como la comparabilidad entre los diferentes TSJE en la materia.
Al ser un esquema de levantamiento continuo, cuando se cuenta con la liberación de las bases de información por parte de oficinas centrales, se termina la fase de captación de la entrega correspondiente (mensual, bimestral, trimestral, etc.) con base en el acuerdo que se tenga con cada TSJE. El término de cada entrega implica el inicio del siguiente flujo de información, ya que la información entregada con anterioridad es la base para incorporar los nuevos registros o la actualización de los ya existentes con base en el proceso de impartición de justicia en materia laboral.
La información definitiva de cada entrega se almacena en la base de datos de central y consolidada del INEGI, que se actualiza con cada entrega subsecuente. Esta base de datos es la fuente primaria de información para la generación de los productos y publicación de resultados del programa, a partir del corte establecido para la temporalidad de los productos de difusión.
Recolector(es) de datos
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
Cuestionarios
Cuestionarios
El RALABE es una estructura de datos diseñada para captar información estadística, de manera ordenada y estandarizada, sobre la actividad de los órganos jurisdiccionales de los Tribunales Laborales adscritos a los Poderes Judiciales de las entidades federativas.
La estructura se integra por los siguientes conjuntos de información:
· Carátula
· Órgano jurisdiccional (Control_expediente)
· Audiencias (T.1.0_ audiencias)
· Expedientes tramitados en procedimiento ordinario (T.1.1_ordinario)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento ordinario (T.1.2_part_act_ordinario)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento ordinario (T.1.3_part__dem_ordinario)
· Expedientes tramitados en procedimiento especial individual (T.2.1_esp_indiv)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial individual (T.2.2_part_act_esp_indiv)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial individual (T.2.3_part_dem_esp_indiv)
· Expedientes tramitados en procedimiento especial colectivo (T.3.1_esp_colec)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial colectivo (T.3.2_part_act_esp_colec)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial colectivo (T.3.3_part_dem_esp_colec)
· Expedientes tramitados en procedimiento de huelga (T.4.1_huelga)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento de huelga (T.4.2_part_act_huelga)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento de huelga (T.4.3_part_dem_huelga)
· Expedientes tramitados en procedimiento colectivo de naturaleza económica (T.5.1_colec_nat_eco)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento colectivo de naturaleza económica (T.5.2_part_act_colec_nat_eco)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento colectivo de naturaleza económica (T.5.3_part_dem_colec_nat_eco)
· Expedientes tramitados en procedimiento paraprocesal o voluntario (T.6.1_parapro)
· Expedientes tramitados en procedimiento de tercerías (T.7.1_terce)
· Expedientes tramitados en procedimiento de preferencia de créditos (T.8.1_pref_cred)
· Expedientes tramitados en procedimiento de ejecución (T.9.1_ejecu)
La estructura se integra por los siguientes conjuntos de información:
· Carátula
· Órgano jurisdiccional (Control_expediente)
· Audiencias (T.1.0_ audiencias)
· Expedientes tramitados en procedimiento ordinario (T.1.1_ordinario)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento ordinario (T.1.2_part_act_ordinario)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento ordinario (T.1.3_part__dem_ordinario)
· Expedientes tramitados en procedimiento especial individual (T.2.1_esp_indiv)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial individual (T.2.2_part_act_esp_indiv)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial individual (T.2.3_part_dem_esp_indiv)
· Expedientes tramitados en procedimiento especial colectivo (T.3.1_esp_colec)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial colectivo (T.3.2_part_act_esp_colec)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento especial colectivo (T.3.3_part_dem_esp_colec)
· Expedientes tramitados en procedimiento de huelga (T.4.1_huelga)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento de huelga (T.4.2_part_act_huelga)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento de huelga (T.4.3_part_dem_huelga)
· Expedientes tramitados en procedimiento colectivo de naturaleza económica (T.5.1_colec_nat_eco)
· Actores involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento colectivo de naturaleza económica (T.5.2_part_act_colec_nat_eco)
· Demandados involucrados en los expedientes tramitados en procedimiento colectivo de naturaleza económica (T.5.3_part_dem_colec_nat_eco)
· Expedientes tramitados en procedimiento paraprocesal o voluntario (T.6.1_parapro)
· Expedientes tramitados en procedimiento de tercerías (T.7.1_terce)
· Expedientes tramitados en procedimiento de preferencia de créditos (T.8.1_pref_cred)
· Expedientes tramitados en procedimiento de ejecución (T.9.1_ejecu)
Procesamiento de Datos
Edición de Datos
Previo al inicio del operativo de captación de información, se compartió con cada TSJE un conjunto de insumos para orientar la recuperación de información. Para el esquema de ED se entregaron los siguientes documentos:
· Estructura de datos del RALABE V.2.2 (.xlsm)
· Catálogos RALABE V.2.2
· Diccionario de datos
· Diagrama de entidad-relación del RA
· Reglas de negocio para el llenado y procesamiento
· Formato de captura EXCEL (.xlsm)
Para el esquema de BD se enviaron los siguientes insumos:
· Estructura de catálogos del RALABE V.2.2
· Catálogos del RALABE V.2.2
· Diccionario de datos_V.2.2
· Plantilla de datos_V.2.2
· Reglas de negocio para el llenado y procesamiento
· Validaciones para justicia laboral_ESTATAL_V2.2
Con estos materiales operativos, el personal encargado o designado de integrar la información por parte de cada TSJE, prepara los paquetes de datos a fin de enviarlos al INEGI para su revisión y validación, para lo cual previo al arranque de las entregas de información se estableció con cada tribunal la periodicidad de entrega de información como parte de un proceso de consolidación de la captación de esta información.
En este proceso de recopilación de información de registros administrativos intervienen varios actores, manteniendo el rol principal cada uno de los TSJE. Estas Unidades del Estado son las encargadas de entregar al Instituto sus registros administrativos estructurados en los formatos preestablecidos (ED o BD) acordes con las especificaciones técnico-normativas definidas.
La fase de captación inicia con la entrega de la información en el esquema definido por cada TSJE, y se remite a las oficinas centrales del instituto para su revisión y validación. Esta primera entrega se denomina información preliminar, debido a que, si bien ha sido verificada tanto por el informante como por el enlace de apoyo del INEGI en la entidad, no ha sido validada por el área encargada del procesamiento de los datos. Cabe señalar que, de acuerdo con la dinámica establecida con cada entidad se pueden recibir archivos por cada juzgado o tribunal laboral o la información de todos ellos integrada en un solo archivo, dependiendo de la existencia o no de un área integradora en el tribunal.
Una vez finalizada la verificación del cumplimiento de las reglas de llenado, se notifica a cada informante el estatus o resultado del procesamiento. Si la información es correcta y cumple con las especificaciones de calidad establecidas, se procede a liberar la información y se identifica como información definitiva. Por el contrario, si la información presenta inconsistencias, se mantiene el carácter de preliminar y se envían las observaciones y comentarios al informante para su atención. El proceso de revisión concluye cuando la información no presenta inconsistencias, por lo que su duración está en función de la atención que cada informante otorgue a la resolución de las inconsistencias reportadas.
· Estructura de datos del RALABE V.2.2 (.xlsm)
· Catálogos RALABE V.2.2
· Diccionario de datos
· Diagrama de entidad-relación del RA
· Reglas de negocio para el llenado y procesamiento
· Formato de captura EXCEL (.xlsm)
Para el esquema de BD se enviaron los siguientes insumos:
· Estructura de catálogos del RALABE V.2.2
· Catálogos del RALABE V.2.2
· Diccionario de datos_V.2.2
· Plantilla de datos_V.2.2
· Reglas de negocio para el llenado y procesamiento
· Validaciones para justicia laboral_ESTATAL_V2.2
Con estos materiales operativos, el personal encargado o designado de integrar la información por parte de cada TSJE, prepara los paquetes de datos a fin de enviarlos al INEGI para su revisión y validación, para lo cual previo al arranque de las entregas de información se estableció con cada tribunal la periodicidad de entrega de información como parte de un proceso de consolidación de la captación de esta información.
En este proceso de recopilación de información de registros administrativos intervienen varios actores, manteniendo el rol principal cada uno de los TSJE. Estas Unidades del Estado son las encargadas de entregar al Instituto sus registros administrativos estructurados en los formatos preestablecidos (ED o BD) acordes con las especificaciones técnico-normativas definidas.
La fase de captación inicia con la entrega de la información en el esquema definido por cada TSJE, y se remite a las oficinas centrales del instituto para su revisión y validación. Esta primera entrega se denomina información preliminar, debido a que, si bien ha sido verificada tanto por el informante como por el enlace de apoyo del INEGI en la entidad, no ha sido validada por el área encargada del procesamiento de los datos. Cabe señalar que, de acuerdo con la dinámica establecida con cada entidad se pueden recibir archivos por cada juzgado o tribunal laboral o la información de todos ellos integrada en un solo archivo, dependiendo de la existencia o no de un área integradora en el tribunal.
Una vez finalizada la verificación del cumplimiento de las reglas de llenado, se notifica a cada informante el estatus o resultado del procesamiento. Si la información es correcta y cumple con las especificaciones de calidad establecidas, se procede a liberar la información y se identifica como información definitiva. Por el contrario, si la información presenta inconsistencias, se mantiene el carácter de preliminar y se envían las observaciones y comentarios al informante para su atención. El proceso de revisión concluye cuando la información no presenta inconsistencias, por lo que su duración está en función de la atención que cada informante otorgue a la resolución de las inconsistencias reportadas.
Organización y preparación
La estrategia operativa y de seguimiento a la recuperación de información del RALABE se fue conformando de acuerdo con las tres etapas de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, de forma que al finalizar la tercera y última etapa se cuenta con una dinámica operativa general del proceso de generación y entrega de información del RALABE, para garantizar la calidad, completitud y pertinencia de la información, considerando, además, la especificidad de cada entidad, para lo cual se han establecido algunas posibilidades de entrega particulares con cada tribunal.
Para llevar a cabo el levantamiento del RALABE se cuenta con la participación de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ) del INEGI como unidad central coordinadora del programa, y la Coordinación General de Operación Regional (CGOR), particularmente la estructura regional y estatal del INEGI, que son las principales áreas operativas que intervienen en el levantamiento de este programa estadístico en cada entidad federativa.
Además, se cuenta con enlaces de seguimiento, supervisión y apoyo para la captación de la información en cada entidad federativa, quienes fungen como el enlace principal del INEGI con los enlaces integradores pertenecientes o adscritos a las instituciones públicas encargadas de la impartición de justicia en materia laboral a nivel local.
Las actividades de planeación, programación y coordinación para la fase de captación, a cargo de la DGEGSPJ, recaen en la Dirección de Censos Nacionales de Gobierno (DCNG) y se realizan a través de la Subdirección de Operación de Censos Nacionales de Gobierno (SOCNG), que tiene como función principal la coordinación general del operativo y de los subprocesos que lo integran, así como coadyuvar en la atención y seguimiento de situaciones de índole operativa que afecten significativamente la recolección de información.
Esta actividad se lleva a cabo en coordinación directa con la Subdirección de Procesamiento de Información de Censos Nacionales de Gobierno (SDPICNG), que tiene como actividad principal recibir la información compilada por las entidades y verificar la consistencia conceptual, técnica y lógica, de la información, es decir, que valida la información para garantizar que cumpla con los requisitos definidos en las reglas de llenado de los instrumentos de captación.
La administración del programa estadístico es de carácter centralizado pero coordinado por las direcciones regionales o las coordinaciones estatales del INEGI, quienes directamente realizan el seguimiento de la captación, así como atender casos particulares que requieran apoyo institucional adicional durante la recuperación de información o apoyo técnico. Los TSJE son los principales encargados de compilar la información generada por los juzgados o tribunales en materia laboral para realizar el envío al INEGI, contando, de ser necesario, con el apoyo del personal del INEGI para la integración de información y/o la atención de dudas.
Para llevar a cabo el levantamiento del RALABE se cuenta con la participación de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ) del INEGI como unidad central coordinadora del programa, y la Coordinación General de Operación Regional (CGOR), particularmente la estructura regional y estatal del INEGI, que son las principales áreas operativas que intervienen en el levantamiento de este programa estadístico en cada entidad federativa.
Además, se cuenta con enlaces de seguimiento, supervisión y apoyo para la captación de la información en cada entidad federativa, quienes fungen como el enlace principal del INEGI con los enlaces integradores pertenecientes o adscritos a las instituciones públicas encargadas de la impartición de justicia en materia laboral a nivel local.
Las actividades de planeación, programación y coordinación para la fase de captación, a cargo de la DGEGSPJ, recaen en la Dirección de Censos Nacionales de Gobierno (DCNG) y se realizan a través de la Subdirección de Operación de Censos Nacionales de Gobierno (SOCNG), que tiene como función principal la coordinación general del operativo y de los subprocesos que lo integran, así como coadyuvar en la atención y seguimiento de situaciones de índole operativa que afecten significativamente la recolección de información.
Esta actividad se lleva a cabo en coordinación directa con la Subdirección de Procesamiento de Información de Censos Nacionales de Gobierno (SDPICNG), que tiene como actividad principal recibir la información compilada por las entidades y verificar la consistencia conceptual, técnica y lógica, de la información, es decir, que valida la información para garantizar que cumpla con los requisitos definidos en las reglas de llenado de los instrumentos de captación.
La administración del programa estadístico es de carácter centralizado pero coordinado por las direcciones regionales o las coordinaciones estatales del INEGI, quienes directamente realizan el seguimiento de la captación, así como atender casos particulares que requieran apoyo institucional adicional durante la recuperación de información o apoyo técnico. Los TSJE son los principales encargados de compilar la información generada por los juzgados o tribunales en materia laboral para realizar el envío al INEGI, contando, de ser necesario, con el apoyo del personal del INEGI para la integración de información y/o la atención de dudas.
Política de Acceso a los microdatos
Autorización de accceso
| Name | Affiliation | Coreo Electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| INEGI | Organismo Autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
Contactos
| Name | Afiliación | Correo electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| Atención a usuarios | INEGI | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
Confidencialidad
De acuerdo con el artículo 37 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: "Los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico. El Instituto no deberá proporcionar a persona alguna, los datos a que se refiere este artículo para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole."
Condición de acceso
Uso público.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el artículo 14 de la Norma para la difusión y promoción del acceso, conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, siguiendo las mejores prácticas internacionales, pone a disposición de todos los usuarios los microdatos de los censos nacionales de gobierno, a través de un sitio de descarga directa, con pleno respeto de los principios de confidencialidad y reserva de la información básica establecidos en la Ley.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el artículo 14 de la Norma para la difusión y promoción del acceso, conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, siguiendo las mejores prácticas internacionales, pone a disposición de todos los usuarios los microdatos de los censos nacionales de gobierno, a través de un sitio de descarga directa, con pleno respeto de los principios de confidencialidad y reserva de la información básica establecidos en la Ley.
Fuente: INEGI. Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal. Base de datos.
Notas legales y derechos de autor
Notas legales
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5. Estos Términos de Libre Uso se rigen por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como por la normatividad aplicable en la materia, en caso de existir controversia, el usuario está de acuerdo expresamente en someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderle por razón de domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
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g) No debe utilizar la información con objeto de engañar o confundir a la población variando el sentido original de la misma y su veracidad.
h) No debe aparentar que el uso que haga de la información representa una postura oficial del INEGI o que el mismo está avalado, integrado, patrocinado o apoyado por la fuente de origen.
2. El INEGI no será responsable por la interpretación y aplicación que el usuario haga de los resultados obtenidos a través del uso de la información; por lo que cualquier decisión basada en su interpretación excluye al INEGI de responsabilidad alguna. Así mismo, el INEGI no será responsable de las diferencias obtenidas por precisiones, redondeos o truncamientos numéricos, así como por cambios técnicos o tecnológicos que puedan incidir en tales resultados.
3. La vigencia de estos Términos de Libre Uso es por tiempo indefinido siempre que no se contravengan las disposiciones anteriores.
4. El uso no autorizado en contravención de estos Términos de Libre Uso, podrá ser sancionado de acuerdo con la legislación vigente aplicable.
5. Estos Términos de Libre Uso se rigen por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como por la normatividad aplicable en la materia, en caso de existir controversia, el usuario está de acuerdo expresamente en someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderle por razón de domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
6. El INEGI se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los presentes Términos de Libre Uso.
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DR© INEGI 2023
Producción del metadato
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE METADATOS
DDI-MEX-INEGI-RALABE-2023-V01
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
| Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia | DGEGSPJ |
| Dirección General Adjunta de Políticas de Información y Censos Nacionales de Gobierno | DGAPICNG |
FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
2023-06-19